El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital gallega ha condenado al Concello de Santiago «a la retirada de las cámaras de videovigilancia en la zona vieja de Santiago de Compostela». La sentencia, firmada el pasado día 16 por el juez magistrado Jesús de Lourdes Adame Sanabria, avala con su decisión el recurso presentado por el Movemento polos Dereitos Civís (MpDC), que lleva años denunciando lo que considera «continuas ilegalidades cometidas a respecto do sistema de vídeo control».
La resolución, contra la que cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, supone para el colectivo denunciante «un gran paso na loita contra a vulneración dos dereitos dos cidadáns, pois, por primeira vez, prevalece o interese xeral fronte ás actuacións irregulares da Administración en materia de vídeo vixilancia».
El alcalde de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, ya anunció que el consistorio recurrirá la decisión judicial. «Entendo que ten que haber un malentendido, porque a sentenza di que [o dispositivo] non tivo permiso entre 2002 e 2007, pero non é así», aunque dijo desconocer si «puntualmente, nese período» hubo algún momento en el que las cámaras no contasen con la preceptiva autorización.
El fallo pone fin al procedimiento iniciado en el año 2006 por el Movemento polos Dereitos Civís. Su portavoz, Renato Núñez, señala que la sentencia «demostra que as autorizacións outorgadas pola Delegación do Goberno se fixeron sen o mínimo de garantías que esixe unha cuestión tan delicada como a vídeo vixilancia». Y recuerda que «ano tras ano, a Delegación foi autorizando cámaras que non cumprían os mínimos esixidos pola lei».
El juez destaca que «resulta con toda evidencia que, como aduce la recurrente [el MpDC], ni consta resolución sobre las renovaciones anuales, ni las solicitudes se han producido en plazo, ni constan a mayores solicitudes formuladas para los años comprendidos entre 2002 y 2007; lo que no solo evidencia la necesidad de estimar el recurso en su integridad, sino que, desde luego, pone de relieve la pasividad con la que el Ayuntamiento ha tratado el trámite necesario y obligatorio impuesto por la Ley Orgánica para tan delicada cuestión, prescindiendo del mismo». Y añade entre paréntesis: «(A la vista está la ausencia de toda documentación en el propio expediente administrativo)».
Suspensión cautelar
Además del recurso ante el TSXG anunciado por el alcalde, la concejala de Seguridade Cidadá, Marta Álvarez-Santullano, explicó que se pedirá también la suspensión cautelar de la sentencia, de manera que las cámaras puedan permanecer en sus ubicaciones actuales hasta que el alto tribunal se pronuncie.
La edila reconoce que, aunque la renovación de las licencias a la que están obligados «solo sufrió un pequeño retraso a finales del 2002», la legalidad se ha cumplido en el resto del período al que el fallo judicial hace referencia. Pero eso no ha quedado demostrado en el contencioso.