La DGT dice que el uso de detectores de radares está en un «limbo jurídico» y estudia prohibir su uso
16 jun 2010 . Actualizado a las 02:00 h.A la entrada en vigor de la última reforma de la ley de tráfico, el pasado 25 de mayo, se sumará la modificación del Reglamento de Circulación, cambio que fue anunciado ayer por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. El objetivo es adaptar el texto a la nueva ley, con el fin de consolidar la política de Interior en seguridad vial, y específicamente, para incorporar en el reglamento una «visión más urbana», según explicó el ministro, ya que el actual está redactado desde la perspectiva del tráfico en las carreteras.
Rubalcaba habló así durante una comparecencia en la Comisión de Seguridad Vial del Congreso, en la que explicó que el cambio en el reglamento está justificado en el hecho de que la mayoría de los accidentes con víctimas en general (no solo mortales) se producen en las ciudades, como lo demuestran las estadísticas de la Dirección General de Tráfico (DGT). Solo en el 2008, el porcentaje de accidentes con víctimas en los municipios se elevó en un 53%.
Por este motivo, el ministro indicó que la reforma debe hacerse de la mano de los ayuntamientos, que a partir de los cambios en el reglamento podrán a su vez modificar las ordenanzas municipales para adecuarlas a la ley.
Contra los radares
Pero este cambio en el reglamento no es la única reforma puesta en marcha por Interior, ya que hay algunos aspectos de la ley que también se están estudiando para ser modificados, como el relativo a los detectores de radares.
A pesar de que Rubalcaba señaló, cuando presentó la ley, que tanto los inhibidores como los detectores eran «ilegales» y que iban a ser «perseguidos», lo cierto es que la norma solo menciona a los inhibidores, cuyo uso se multará con 6.000 euros y seis puntos menos en el carné. Para algunos expertos consultados por La Voz, el nuevo texto incluso legaliza el uso de detectores, ya que fue eliminado el artículo que penaba con dos puntos menos del carné y 150 euros tenerlos instalados en el vehículo.
No obstante, lo dicho ayer por el subdirector adjunto de Normativa y Recursos de la DGT, Javier Villalba, contradice las palabras del ministro Rubalcaba. Villalba reconoció, durante una jornada sobre la nueva ley organizada por la Fundación José Pons y la Fundación CEA, que los detectores de radares se encuentran en «un limbo jurídico», ya que la norma no prohíbe su uso. El director general de Tráfico, Pere Navarro, advirtió que se estudiará su prohibición. «Si hay problemas -con el aparato-, desde luego vamos a cortarlo drásticamente», dijo, y además de decir que él personalmente «no lo usaría», aconsejó a los conductores no utilizarlo porque «es chungo». Según Navarro, los detectores están en el limbo legal porque «aparecieron en el mercado después de que se aprobara la norma».