Caamaño avisa de que el Gobierno tomará medidas contra los ayuntamientos que incumplan la ley
22 ene 2010 . Actualizado a las 02:00 h.Tras varios días de polémica y de volver a situar el asunto de la inmigración ilegal en la primera línea de la política nacional, el Ayuntamiento de Vich (Barcelona) decidió ayer dar marcha atrás y permitir a los inmigrantes en situación irregular inscribirse en el padrón municipal. El alcalde, Josep Maria d'Abadal (CiU), aseguró que acata, aunque no comparte, la «orden directa» de la Abogacía del Estado, que considera obligatorio empadronar a todos los extranjeros, tengan o no residencia legal en España, que presenten sus pasaportes, aunque carezcan de visado.
Vila negó rotundamente que Vich sea xenófoba, sino «pionera en el modelo de inmigración». El alcalde defendió que su medida de no empadronar a los sin papeles era innovadora, pretendía fomentar la cohesión social y la plena integración y se apoyaba en la ley de extranjería. Por su parte, el primer teniente de alcalde, Xavier Solà (CiU), criticó el informe del abogado del Estado por «flojo e impreciso» y acusó al Gobierno de fomentar el «efecto llamada». Hasta tal punto que dijo que causará «más muertos de inmigrantes en patera».
Mientras el Gobierno se congratulaba por la rectificación de Vich, el PP, que ha recuperado el discurso duro en inmigración, pedía la apertura de un debate sobre un asunto que será uno de los ejes de su campaña electoral en Cataluña.
El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se mostró satisfecho de que el alcalde de Vich haya adoptado «una posición, como no puede ser de otra manera, de respeto escrupuloso a lo que dice la ley». El titular de Justicia, Francisco Caamaño, advirtió de que el Gobierno tomará las medidas legales necesarios en el caso de que un ayuntamiento deniegue el empadronamiento a un inmigrante en situación irregular y subrayó que cualquier persona podría denunciar el incumplimiento de la ley. Preguntado sobre Torrejón de Ardoz, que no empadrona desde octubre del 2008 a los inmigrantes con visado de turista o que que vivan en pisos que no tengan 20 metros cuadrados por persona, dijo que se tomarán medidas «en defensa de la ley».
Gallardón contra Aguirre
Tanto José Antonio Alonso como Leire Pajín cargaron contra el PP. El primero calificó su actuación de «demagógica, electoralista y completamente irracional», mientras la secretaria de Organización lo acusó de «irresponsable» por crear un problema donde no lo hay.
Por su parte, Soraya Sáenz de Santamaría urgía a Zapatero a abrir un «debate sereno» sobre inmigración, que afronte la cuestión con realismo y que fomente una integración con derechos, pero también con deberes. La portavoz en el Congreso aseguró que la última reforma de la ley de extranjería, que se cerró con un pacto entre PSOE y CiU hace dos meses, «ha quedado superada y desacreditada inmediatamente». La secretaria general, María Dolores de Cospedal, afirmó que lo sucedido en Vich ha puesto encima de la mesa la discusión sobre «los límites» de acogida de inmigrantes y abogó por consensuar una nueva reforma de la ley de extranjería, que sería la quinta.
Alberto Ruiz-Gallardón se volvió a desmarcar de Esperanza Aguirre, que ha apoyado al alcalde popular de Torrejón, y aseguró que negar el empadronamiento a los sin papeles es «conducirlos a la exclusión o a la marginalidad».