Rabat sigue negándose a dar el pasaporte a una activista que sostiene que está siendo utilizada para perjudicar a su país
10 dic 2009 . Actualizado a las 10:23 h.El Gobierno de Marruecos, en cuyas manos está solucionar el caso de Aminatu Haidar si le permite regresar a El Aaiún, se presentó ayer en Madrid como víctima de una situación que dice que no ha creado. Al mismo tiempo se desentendía de la suerte de la activista saharaui, que lleva 25 días en huelga de hambre en Lanzarote, diciendo que no era su problema.
Así lo dijo su ministro de Justicia, Abdelwahed Radi, que se entrevistó con el vicepresidente tercero, Manuel Chaves, y el titular de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. En su opinión, tanto su país como España son «víctimas» de «la gente que es contraria y hostil a la unidad territorial de Marruecos y que han utilizado a esta mujer para crear un problema, primero a Marruecos y luego a las relaciones entre Marruecos y España».
Buenas relaciones
El dirigente marroquí quiso dejar clara la importancia que para Rabat tiene mantener buenas relaciones con su vecino. «Haremos todo lo posible para mantener esa amistad», afirmó. Preguntado sobre si el caso de Haidar perjudicaría las relaciones bilaterales, manifestó: «Somos lo suficientemente maduros y sabios para superar esta situación». Fuentes del Ministerio de Política Territorial aseguraron que Chaves recordó a Radi que Haidar tiene pasaporte marroquí, por lo que su regreso a El Aaiún tiene que contar con la colaboración de su Gobierno, ya que el español no puede hacerlo por sí solo. El Ejecutivo de Rabat considera que el Frente Polisario y Argelia están detrás de Haidar y no está dispuesto a otorgar el pasaporte marroquí a alguien que rechaza esa nacionalidad.
Por su parte, José Luis Rodríguez Zapatero rompió su silencio, aunque con un ambiguo lenguaje. Después de haber dejado claro que antepondría las relaciones bilaterales a la causa de Haidar, dijo que «ningún país puede ignorar la tensión que se produce entre el principio de no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la exigencia universal de los derechos humanos, y hoy es un buen momento para, desde España, volver a reclamarlo públicamente».