nuevo escenario financiero Feijoo mantiene su pulso y exige una solución «non arbitraria» para las cajas

La vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, comunicó al PP la intención del Gobierno de recurrir la ley de cajas gallegas ante el Tribunal Constitucional nueve días antes de que el Consejo de Estado hiciese público su informe, en el que se detallaron diez puntos contrarios a la Carta Magna. Así lo reveló ayer Cristóbal Montoro, coordinador de Economía del PP, quien explicó en Santiago que el anuncio de la ministra lo recibió el 26 de enero, el mismo día que lo convocó por la mañana en su despacho para analizar el plan de austeridad. «De este no me concretó nada, pero sí me advirtó que estaban en la intención de llevar adelante el recurso», desveló el responsable de Economía del PP, quien subrayó que esta intencionalidad obedece, a su opinión, a una estrategia política para desgastar al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo.

Los populares recibieron la noticia el día 26. Un día después, el ministerio que dirige Salgado aseveró que no había ninguna decisión tomada y que todavía los técnicos estaban elaborando el informe sobre la ley, un documento que el viernes 29 el Consejo de Ministros anunciaba que lo remitía al Consejo de Estado para que dictara una resolución. El 4 de febrero ya la había estudiado y adoptado una decisión contraria a la ley de cajas de Galicia. Y el 5 de febrero, el Ejecutivo anunció oficialmente esa impugnación.

La judicialización

Con la presencia de Montoro, el PP nacional arropó ayer por primera vez a Alberto Núñez Feijoo en su defensa de la fusión de las cajas. Montoro acudió a un foro de debate económico en la capital gallega al que estaba convidado Javier Arenas, que disculpó su ausencia.

En ese encuentro, el presidente de la Xunta confirmó que el domingo por la tarde había recibido una llamada de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, para dar inicio a la negociación técnica, diálogo que el Gobierno de Madrid debería haber realizado, según él, antes de optar por «xudicializar» el proceso. En esa llamada, el presidente de la Xunta le pidió a la segunda máxima representante del Ejecutivo central que se negociara antes de presentar ningún tipo de recurso, sabiendo que hay de plazo hasta el 6 de abril. Con todo, a última hora de ayer, la Xunta aseguró que no había recibido ninguna nueva comunicación por parte de los ministerios involucrados, y tampoco desde del Partido Socialista de Galicia.

«Estou convencido de que o van presentar», intuyó ayer Feijoo antes de que el Ministerio de Política Territorial y de Justicia explicasen que el recurso se presentaría en las «próximas horas» y como muy tarde «esta semana». El ministro Francisco Caamaño había dicho el viernes en A Coruña que la impugnación se oficializaría el lunes como muy tarde. Desde su ministerio no dieron explicaciones sobre los motivos por los que aún no se ha oficializado ese recurso.

Impuesta y arbitraria

En su intervención en Santiago, Feijoo defendió que la fusión de Caixa Galicia y Caixanova tiene que ser adoptada de manera «serena, rigorosa e galega», decidida en Galicia sin dar paso a la «deslocalización financiera, arbitraria, imposta e innecesaria». «O ''ser ou non ser'' -parafraseó- aquí é ''ter ou non ter''. E Galicia quere ter caixas».

Tras defender una vez más los puntos más conflictivos de la ley que denuncia el Gobierno de Madrid (renovación de los órganos de gobierno, opinión de la Xunta en materia de SIP, votos necesarios para aprobar una fusión y registro de altos cargos...), Feijoo reiteró su voluntad de no conculcar los derechos constitucionales de Galicia, las competencias otorgadas en el Estatuto e impulsar que la comunidad gallega tenga la quinta caja de ahorros de España.

Feijoo volvió a realizar un llamamiento a la responsabilidad porque «non sería comprensible» que una Administración situara a Galicia en un «auténtico labirinto sen saída aparente», y propiciara que se quedara sin cajas, para convertir así lo que puede ser un «acerto histórico nun erro histórico».

En el mismo foro en el que hablaron Feijoo y Montoro, la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, destacó que la Xunta realiza esfuerzos a favor de una caja solvente y vinculada al territorio. Pidió «amplitude de miras», porque «a decisión que hoxe adoptemos será o legado que deixemos ás futuras xeracións».