La Comisión reconoce que la planta puede ser «impopular», pero asegura que cumple las normas de la UE
11 dic 2009 . Actualizado a las 22:03 h.El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo acordó ayer archivar la denuncia presentada por Izquierda Unida, la federación de asociaciones de vecinos Rei Xordo y la Cofradía de Pescadores de Ferrol contra la planta de regasificación de la firma Reganosa en Mugardos. El archivo se produce después de que el Comité de Peticiones haya recibido de la Comisión Europea la confirmación oficial de que el proyecto y la puesta en marcha de la factoría no violan la normativa medioambiental y de seguridad de la Unión Europea.
Las tres citadas organizaciones demandaron en noviembre del 2008 la intervención de la Eurocámara, a través de la comisión que estudia las quejas ciudadanas, alegando que la planta de Reganosa vulneraba varios preceptos de las leyes comunitarias. Entre ellos, los que rigen la distancia de seguridad que deben mantener instalaciones similares con respecto a los núcleos de población, así como los planes en caso de accidente y las reglas que establecen la obligatoriedad de realizar un estudio de impacto ambiental previo a su construcción.
La denuncia fue avalada por el eurodiputado de IU Willy Meyer, quien incluso promovió un viaje de los vecinos a Bruselas para que pudieran expresar directamente sus argumentos en la Eurocámara, y fue admitida a trámite en mayo pasado.
«Impopular»
Ahora, el Comité de Peticiones ha decidido cerrar el caso tras recibir del Ejecutivo comunitario un informe en el que asegura que, si bien la planta puede resultar «impopular» entre los vecinos, «no tiene ningún sentido proseguir con este asunto», que ha sometido a «una evaluación pormenorizada y exhaustiva», asegura. Tras ella, Bruselas no ha detectado incumplimiento alguno de las normas comunitarias, ni de las de seguridad ni de las medioambientales.
En el primer caso, los vecinos alegaban que Reganosa y las Administraciones que autorizaron la planta habían obviado las obligaciones derivadas de la proximidad a sus viviendas y a varias industrias químicas y petroleras. «La Comisión ha vuelto a verificar la conformidad de la susodicha instalación con las disposiciones de la directiva [...] relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas», asegura el Ejecutivo comunitario en su respuesta, que detalla que la información facilitada por parte de las autoridades españolas confirma que «se han cumplido las exigencias» de esa norma.
Con respecto al estudio de impacto, los vecinos también denunciaban que no se había realizado. Ahora, la Comisión recuerda que, como advirtió en reiteradas ocasiones, el proyecto de la planta se aprobó tres días antes de que entrara en vigor la directiva europea que establece su obligatoriedad, por lo que tampoco puede deducirse un incumplimiento de esa ley.
En estos momentos, aún se mantienen sin resolver algunos litigios presentados por organizaciones opositoras a la regasificadora, entre ellos varios recursos ante el Tribunal Supremo y una denuncia en el Juzgado de Ferrol alusivas a permisos urbanísticos de la planta.