Diego Placente, el denunciante, cree que se creó una imagen falsa con ánimo de perjudicar a los acreedores
20 abr 2010 . Actualizado a las 10:44 h.El Juzgado número 4 de Vigo admitió a trámite la querella interpuesta por el ex futbolista Diego Placente contra el presidente Carlos Mouriño y el consejo de administración del Celta (no contra la entidad) por entender que puede existir delito de estafa en la reducción de capital aprobada en la última junta general por un valor del 83%. En el cónclave su abogado, Sergio Sánchez, ya había anunciado su intención de acudir a la vía judicial para dirimir el contencioso al entender que era perjudicial para sus intereses y que en la operación se estaban ocultando datos.
La querella a nombre del ex futbolista del Celta -y el máximo accionista del denominado grupo sindicado- fue presentada a finales de marzo en los juzgados vigueses. Quince días después el juez ha dictado el auto por el que admite a trámite la solicitud, abriendo las pertinentes diligencias previas y poniendo el asunto en manos de la fiscalía para que emita su opinión al respecto. Todo el consejo de administración del conjunto celeste, e incluso Caixanova, que convirtió en el último instante 5,5 millones de euros en acciones en el proceso concursal y que apoyó en la asamblea del club la propuesta, podrían tener que declarar en el juzgado.
La defensa de Placente considera que el consejo presidido por Carlos Mouriño pudo haber incurrido en un delito de estafa y de ocultación de datos hacia el global de los acreedores del club al prodecer a una reducción de capital del 83% (se pasó de 22,6 millones de euros de capital social tras la conversión de deuda en acciones por parte de algunos acreedores en el proceso concursal, a los 3,7 millones). El Celta argumentó que con la medida evitaba entrar en causa de disolución. El cambio se produjo a la carrera, ya que el anuncio de reducción se hizo público al día siguiente de cerrarse las modalidades de cobro de los acreedores.
El denunciante interpreta que el cambio radical contradice el informe de la entidad concursada -el Celta- avalado por la firma de los administradores concursales en donde se especificaba el plan de viabilidad del club para la posterior aprobación del convenio de acreedores. En el mismo se indicaba que la situación financiera de la entidad quedaba equilibrada sin hacer mención a la posibilidad de reducir el capital. De ahí que el querellante considere que se pudo haber incurrido «en un delito al crear imagen falsa para perjudicar a los acreedores».