La afición colchonera no olvida que los Gil se hicieron con el club de forma ilícita y que siguen al frente gracias al vencimiento del delito de apropiación indebida
17 sep 2009 . Actualizado a las 02:33 h.Fueron más de 236.000 acciones a coste cero. El acceso a la presidencia de un club grande a cambio de nada. Con esa «apropiación indebida» del 95% de los títulos de la entidad empieza a escribirse una historia que ha consolidado a Enrique Cerezo y a Miguel Ángel Gil Marín al frente del Atlético de Madrid.
Una situación legitimada por la prescripción de los delitos cometidos en el camino y que los aficionados colchoneros no dejan de recordarles a quienes hoy todavía deciden el futuro de su equipo. La manifestación del pasado sábado, con unas cinco mil personas exhibiendo su hartazgo frente al Calderón, y los abucheos constantes dedicados al palco durante al partido del Racing dan fe de que, como rezaba una de las pancartas de la protesta, la memoria del hincha atlético «no prescribe».
La sentencia en la que, en julio del 2004, el Supremo otorgaba la absolución a Jesús Gil (fallecido meses antes), su hijo y Cerezo determinaba la existencia de delitos, pese a reconocer estar fuera de fecha para castigarlos.
Las sociedades anónimas
El caso Atlético nació con la reconversión masiva de clubes de fútbol en sociedades anónimas. Por aquel entonces (1992), el patriarca de los Gil ya llevaba cinco años al frente de la entidad y en su intento de perpetuarse en el cargo adquirió 236.056 acciones a cambio de 2.700 millones de pesetas (más de 16 millones de euros) que nadie vio.
La maniobra tardó mucho tiempo en conocerse. Concretamente, hasta julio de 1999, cuando la Fiscalía Anticorrupción decidió intervenir y se abrió una investigación que dejó el club en manos de un administrador judicial, Luis Rubí.
Se destapó entonces, como indicó el fiscal, un «maquillaje de la contabilidad» con el que los directivos habrían «falseado de forma deliberada» los datos económicos. Lograron de ese modo descapitalizar al Atlético hasta situarlo en «quiebra técnica», según el primer informe de Rubí. Entre otras cosas, se escamoteó el pago a Hacienda de 2.392 millones de pesetas (más de 14 millones de euros).
A los siete años transcurridos entre la adquisición fraudulenta de acciones y la querella (el delito había prescrito a los cinco) hubo que sumar la duración del proceso, que no quedó resuelto en primera instancia por la Audiencia Nacional hasta febrero del 2003. Entonces se condenó a Jesús Gil a 3 años y medio de prisión por apropiación indebida y estafa; a su hijo, a un año y medio de cárcel por estafa por simulación de contrato, y a un año a Cerezo como cooperador necesario de un delito de apropiación indebida. Además, se obligaba a los acusados a restituir las 236.056 acciones, lo que hubiera supuesto su salida del club.
Esa sentencia no se llegó a ejecutar. Los condenados recurrieron y el Supremo, más de un año después, estableció la prescripción del delito. Una decisión que provocó que, a día de hoy, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo sigan ocupando el palco de autoridades del Calderón.
Pero el caso Atlético sirvió para algo más que para deslegitimar, al menos moralmente, el poder de los directivos de la entidad del Manzanares. Destapó además otro asunto singular: el conocido como caso Negritos.
El caso Negritos
En su afán por tapar el agujero de su deuda con el Atleti, Jesús Gil llegó a venderle al equipo, en 1998, a cuatro supuestos futbolistas profesionales propiedad de una de sus empresas. Es decir, se autocolocó a los africanos Abbas Lawall, Limamou Mbemgue y Bernardo Matías y al brasileño Maximiliano de Oliveira por 2.740 millones de pesetas. Solo el primero debutó de rojiblanco, mientras el resto no pasaron de jugar en Segunda B.
Tras destaparse el escándalo, fue Miguel Ángel Gil Marín el que salió a defender la integridad de su padre, con una intervención memorable: «A Maxi lo pienso vender por más de 3.000 millones de pesetas. Por Lawall puedo sacar más de 2.000. En el fútbol hay que correr riesgos. Y cuando aciertas, ganas mucho dinero [...] En siete años habré movido más de 100 futbolistas y solo he perdido con uno: un millón de dólares con Valencia (jugador colombiano). ¿Por qué Lawall no puede valer dos y tres mil millones de pesetas? ¿Por qué Maxi no va a valer 5.000 millones? ¿Quién es la Fiscalía para determinar el precio de un jugador?». Nadie. El consejero delegado del Atleti siempre tuvo claro que lo que sucede en el club es siempre un asunto de familia. La de los Gil.