Celta El Celta planea acogerse este mes a la ley concursal para evitar denuncias

El Celta tiene previsto acogerse a la ley concursal durante este mes de junio para evitar las posibles denuncias de contratos de sus futbolistas, tal y como le han aconsejado distintos asesores jurídicos. El club vigués utilizará esta vía para tratar de salir del laberinto económico en el que se encuentra, y lo piensa hacer ahora para evitar el descenso administrativo a Segunda B por impagos. En este caso, deben hacerlo antes del 30 de junio. A partir de esa fecha los jugadores de la actual plantilla celeste, podrían reclamar las deudas que el club tiene contraídas con ellos de la presente temporada.

El Consejo del club vigués tiene claro que esta solución es la única que puede darle una viabilidad económica al club. De este modo, la entidad celeste no haría efectiva la ampliación de capital que aprobó su junta de accionistas el pasado mes de diciembre. A pesar de que varios letrados dudaban de la legalidad de acudir a la ley concursal si ejecutar dicha ampliación, lo cierto es que el propio Club Deportivo Ourense es un ejemplo de que esto no es necesario. El club de As Burgas aprobó una suscripción de acciones similar, para luego aparcarla y entrar en el proceso concursal.

El Celta arrastra una deuda de 84 millones de euros, que a la conclusión de esta temporada podrían incrementarse tras el varapalo de no haber logrado el objetivo de retornar a Primera División. El déficit previsto para esta campaña ronda los once millones de euros.

La salida que barajaba el club era la ampliación del convenio para la utilización de Balaídos pero el Concello parece tener aparcado este asunto, lo que reduce las salidas a la crisis.

Varios de los jugadores con contrato en vigor se mueven entre los seiscientos mil y el millón de euros de ficha. Este es el caso de Rubén, Lequi, Perera, Canobbio, Guayre o Rosada. Sus emolumentos parecen impagables para el Celta de la próxima temporada por lo que con la entrada en la concursal se abriría un período de negociación con la supervisión de los nuevos administradores que gestionarían la sociedad.