Cuando Miquel Barceló recibió el encargo de decorar la cúpula de la sala de los Derechos Humanos de la sede de Naciones Unidas en Ginebra, no podía imaginar lo que le esperaba. Ni desde el punto de vista artístico, por lo complicado de la empresa, ni desde el político, por la polémica que acaba de surgir en torno a la financiación de la monumental obra, que será inaugurada el próximo día 18 por el secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, los reyes de España y el presidente del Gobierno español.
Porque, dos años y 35.000 kilogramos de pintura después, se ha sabido que la remodelación de la sala, costeada por España, asciende a unos 20 millones de euros, de los cuales medio millón corresponden a los fondos de ayuda al desarrollo (FAD), destinados a luchar contra la pobreza en el Tercer Mundo.
Para el PP, esta «broma millonaria» es un escándalo. «Muchos países podrían hacer con esos 500.000 euros pozos de agua, dispensarios o políticas de vacunación», criticó el portavoz de Cooperación Exterior del PP, Gonzalo Robles, quien advirtió una falta de sensibilidad social, sobre todo en los actuales tiempos de crisis.
Desde el Ministerio de Exteriores -cuyo titular, Miguel Ángel Moratinos, manifestó que «el arte no tiene precio»- se insiste en que esa suma no computa como ayuda oficial al desarrollo y que, por lo tanto, es falso afirmar que se haya desviado a un proyecto artístico dinero destinado a proyectos de solidaridad internacional.
Miquel Barceló, quien según algunos medios de comunicación cobrará en torno a los seis millones de euros, dice sentirse molesto por la polémica, que considera «un poco estrambótica». Y agrega: «Espero que no se hable más de si hemos robado dinero de la boca de los pobres». Lo que está claro es que esos 20 millones, que incluyen los emolumentos del artista, fueron financiados en un 40 % por el Estado español, que en el 2005 se comprometió a pagar la remodelación integral de la sala, incluida la cúpula, y en otro 60%, por empresas privadas españolas.