PSOE, BNG y sindicatos cargan contra la opinión de Calvo sobre los colegios
A CORUÑA
La explicación del delegado de la Xunta en A Coruña, Diego Calvo, sobre los criterios de selección de los primeros centros que participan en el programa Abalar , de introducción de los ordenadores en la enseñanza, suscitaron una durísima reacción del PSOE, el BNG y los sindicatos, que acusaron al político de «justificar» la apuesta por discriminar a los centros públicos y a sus profesionales para fomentar la privatización de la enseñanza.
En esa línea, Pedro Armas, portavoz de la Agrupación Socialista Coruñesa, denunció que el citado proyecto «no fue presentado como un programa educativo, sino como una auténtica acción política, con toda la parafernalia de cargos electos y ocultando que no se trata de una idea concebida y financiada por la Xunta, sino que se paga con cargo a los fondos del Ministerio de Educación».
Armas insistió en que la reacción de Calvo «demuestra que nuestros temores sobre un calendario oculto del PP eran verdad y que en su hoja de ruta está claramente marcado el camino para la privatización del sistema educativo y la discriminación de los trabajadores del sector público, a los que ha puesto a los pies de los caballos acusándolos de tener menos interés».
Con argumentos casi coincidentes salió al ataque el BNG, que señaló que la decisión de la Consellería de Educación en el reparto de ordenadores «privilexia aos centros privados nos proxectos de novas tecnoloxías e paga con fondos públicos a posta en marcha deste programa».
Desde los sindicatos, José Manuel Lado, secretario comarcal de CC.OO., pidió incluso el cese del delegado de la Xunta «debido a las declaraciones sobre las protestas de los trabajadores del Santiago Apóstol y por mentir» sobre el reparto de ordenadores dentro del nuevo plan del Gobierno autonómico. Comentó que «los servicios jurídicos de CC.OO. estudian la posibilidad de plantear acciones legales contra Calvo por si sus declaraciones pudieran ser constitutivas de un delito de injurias». Lado pidió también a Diego Calvo que rectifique, y en caso contrario «Feijoo debería cesarlo».
Por su parte, la sección de enseñanza de la CIG, que se declara mayoritaria en el sector, puso sobre la mesa «a política de desmantelamento dos servizos públicos que está a desenrolar o PP co desvío de fondos públicos a empresas privadas» y calificó de «mentira» que los centros concertados «amosen máis predisposición que os públicos para participar neste tipo de iniciativas», según explicó su responsable comarcal, Alfonso Varela.
Asimismo, el sindicato STEG, criticó la «xustificación» de Calvo y exigió una rectificación, ya que, aseguran desde esta central, Educación no facilitó el acceso al programa Abalar a los centros públicos, y menos a los ubicados en la zona rural.
Explicaciones del PP
Desde el PP provincial, las explicaciones ofrecidas señalan que las acusaciones de los partidos de la oposición y los sindicatos «se basan en un debate demagógico» y rechazan las acusaciones sobre el supuesto privilegio a los centros concertados. «Solo hace falta hacer una lectura global de los datos y evitar las manipulaciones, porque lo que dicen esas cifras es que en el total de la provincia coruñesa se han seleccionado 90 colegios públicos y 16 concertados».
Sobre la presencia de 11 de esos centros concertados en el término municipal de A Coruña, los portavoces del PP consultados aseguran que se trata de «un dato razonable, por cuanto el 55% de los alumnos de este término municipal cursan sus estudios en centros concertados y un 45 lo hacer en centros públicos».