Análisis El temor al aumento de impagados y la falta de dinero reducen el mercado crediticio a la mínima expresión

Año 2005, la vivienda crecía en el litoral de Barbanza a un ritmo del 15 y 20% anual. Era la época del bum inmobiliario. Madrileños, leoneses, vascos, santiagueses, coruñeses, entre otros, acudían a la comarca a la caza y captura de su segunda residencia. No importaba el precio. Con esas rentabilidades cualquiera que tuviese un euro ocioso en el bolsillo invertía en ladrillo. Barbanza se convirtió en una especie de Bolsa de Madrid donde los brókeres eran los promotores locales. Es más, el sector de la construcción solo levantaba edificaciones pensando en el turista. De hecho, el 80% del parque residencial está destinado al foráneo. El vecino de Ribeira y de O Son se tenía que conformar con pisos de entre 60 y 75 metros cuadrados. El precio medio del inmueble pasó de 75.000 euros en el 2002 a los 130.000 de hace un año. Los bancos contribuyeron notablemente a que la manida burbuja inmobiliaria fuera en aumento. Las políticas de las cajas y los bancos de Barbanza eran la de conceder préstamos a cualquier precio. Pero, de repente, todo se fue al garete.

El madrileño dejó de comprar pisos; la hipoteca pasó de 350 o 400 euros al mes, a 800. Es decir, mientras que el recibo del préstamo se había duplicado en apenas un lustro, los sueldos solo lo habían hecho en un 10%.

La economía entra en recesión y el aumento de impagados e insolventes se dispara en Barbanza. Los bancos deciden actuar en consecuencia: no se deja un euro a nadie. La política de brazos abiertos ha dejado paso a otra donde se mira con lupa la situación financiera del potencial prestatario. Lo peor de todo es que este tipo de actuaciones ponen en peligro la estabilidad y la generación de riqueza el tejido empresarial local.