Costas asegura al Concello de A Illa que el nuevo deslinde en la zona de Cabodeiro será aprobado antes de fin de año

La sentencia de la Audiencia Nacional que obligaba al Ministerio de Medio Ambiente a bajar la línea de protección de Costas entre las zonas de Sapeira y Cabodeiro a 20 metros llevaba demasiado tiempo metida en un cajón, sin que nada pareciese indicar que el Gobierno estaba trabajando en la asunción de esa orden judicial. Por esa razón, el alcalde de A Illa, Manuel Vázquez, y el concejal de Urbanismo, Juan Otero, acudieron el miércoles a las oficinas de Costas del Estado en Pontevedra. Allí se entrevistaron con la jefa provincial de este departamento, para «interesarse pola situación de cumprimento desta sentencia». Los representantes políticos de A Illa volvieron a casa con buenas noticias bajo el brazo.

«A delegada de Costas en Pontevedra confirmou que ese mesmo día firmara a conformidade, enviando o novo plano co deslinde a Madrid», explicaban ayer desde el Concello isleño. La propia jefa provincial de este departamento, Cristina de Paz Curbera, aseguró al alcalde y al concejal de Urbanismo isleño que el nuevo deslinde podría estar definitivamente aprobado antes de que finalice diciembre.

La noticia transmitida por de Paz Curbera ha sido recibida con gran satisfacción por el Concello. No en vano, el gobierno local había decidido visitar en persona a la jefa de Costas tras haber enviado, a lo largo del último año, varios escritos al Ministerio de Medio Ambiente reclamando la ejecución de la sentencia de la Audiencia Nacional.

Cuestión de semanas

Si se cumple el plazo dado por la jefa provincial de Costas, el Concello confía en recibir en cuestión de semanas los planos modificados «nos que constará o novo deslinde», en el que la zona de protección habrá quedado reducida a 20 metros. En cuanto reciban esa documentación darán por terminado un litigio que comenzó en el año 2004.

Y no solo finalizará ese litigio, si no que se resolverá la dramática situación en la que viven varias familias de la zona. Se trata de los propietarios de varias viviendas que podrán iniciar un expediente de regulación en cuanto se haga efectivo el nuevo deslinde. Son una media decena de edificaciones que podrán ser legalizadas, según explicaba ayer el concejal Juan Otero, Genito.

La entrevista mantenida con la delegada y los resultados en ese encuentro obtenido demuestran, según el gobierno local, que el ejecutivo isleño ha hecho los deberes en lo que a la defensa de los intereses de los vecinos se refiere.